Ni malas víctimas, ni buenas víctimas

Recientemente fueron asesinadas dos mujeres jóvenes y una adolescente. La madrugada del sábado 20 de septiembre de 2025 quedó marcada por el dolor de tres chicas, la desesperación de sus familiares, y el accionar macabro de unos narcotraficantes, quienes avanzan en la medida justa en la que el Estado retrocede.

Contexto estructural de pobreza y violencias

Lara, Brenda y Morena se convirtieron en víctimas de un sistema social, político y económico que las empujó a la prostitución o “trabajo sexual”. Independiente de pequeños debates derivados de la terminología que se elija usar, ante un crimen tan horroroso como este, los matices conceptuales pierden relevancia. Lo urgente es la existencia de muchas otras mujeres de clases bajas que no encuentran una estructura ocupacional que las reciba, y que ante el deterioro económico que afecta esencialmente a las más pobres, ven ligado a su cuerpo el único medio de subsistencia, individual y familiar.

Según Auyero y Servián, en ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? (2023), los sectores que viven al margen no sólo tienen estrategias de supervivencia asociados a los comedores y a las redes de ayuda mutua, sino que también deben sobrevivir en contextos de una inseguridad normalizada, o bien naturalizada al extremo de adaptar generación tras generación estrategias de “enclaustramiento”, manteniendo límites horarios regulares en los cuales deben estar en sus casas al caer el sol para los más jóvenes, y flexibilizando más estos límites en la medida en que el trabajo impone sus propios horarios. Corporizando el análisis, y llevándolo al extremo donde el Estado de bienestar nunca llegó en los primeros años de vida, y en donde la pobreza fue un habitus, retomo la obra de César González, cineasta y escritor villero. Su libro El niño resentido (2023), relata un hecho puntual: el autor a sus cuatro años cayó en un pozo ciego, una cloaca, mientras su mamá de veinte años fraccionaba y envolvía cocaína en papel glasé de colores. Con esta experiencia inicia el primer capítulo del libro, de forma impactante atrapa al lector denunciando en parte la vida de alguien que habita los márgenes de la sociedad.

Retomo estas referencias a fines de problematizar este triple femicidio, en donde las víctimas no fueron ajenas a dichas cotidianidades de los sectores pobres, ampliamente comprendidos entre ambos polos: el enclaustramiento y el habitar en piel propia la inseguridad, ya sea como eslabón más bajo de la narco-estructura o como pibe chorro. Como primera advertencia al lector, este artículo no solamente analiza parcialmente la inseguridad y la existencia de la narco-estructura como una problemática esencial en la vida de los sectores vulnerados, sino que pretende abordar algo más concreto para la vida de muchas otras jóvenes mujeres como Lara, Brenda y Morena: la inexistencia de oportunidades laborales reales para mujeres de tales sectores.

Un futuro determinado por la pertenencia terrenal

Para pensar si la prostitución es un trabajo tenemos que observar las limitaciones sistémicas que existen en las estructuras de oportunidades de las mujeres jóvenes y pobres. Éste será el primer paso para abordar el triple femicidio. En primer lugar, estudiar sus posiciones de clase, entendiendo sus existencias de forma contextualizada. En segundo lugar, analizando evidencia empírica sobre la existencia de una estructura espacial de desventajas enmarcada en ciertos territorios, se tratará el caso desde una perspectiva diferente a la de los medios tradicionales, repensando la persistencia del problema desde las políticas públicas. ¿Qué políticas programáticas deben ser ideadas y evaluadas para mitigar las consecuencias estructurales de una sociedad desigual con un ethos cada vez más excluyente? Estos dos puntos van a ser la guía de las siguientes secciones.

La condición valorativa de las víctimas

No nos debe importar si las víctimas estaban en la prostitución, si eran putas, si eran chorras, o si eran “viudas negras”. Lo relevante en todo caso es que eran ante todo mujeres, y que eran pobres. Ni siquiera eran mujeres adultas; Lara Gutiérrez tenía 15 años. Todos pensamos lo mismo, Lara debería estar cursando su cuarto año del colegio secundario en provincia de Buenos Aires, o tercer año en CABA. ¿Qué hacían los lectores a los 15 años? No lo sé, pero definitivamente preservaban su vida.

Eso es lo que les robaron: sus vidas. Mientras las mujeres pobres son empujadas a buscar trabajos cada vez más precarizados, las voces de ciertos sectores de clase media acomodada se rasgan las vestiduras por precisar si el debate está en si eran trabajadoras sexuales o mujeres en situación de prostitución. Quizás la realidad apura más, quizás las dos posiciones normativas quedan muy lejos de la problemática real. Es esa la razón por la cual es imperante analizar la situación real de la empleabilidad de mujeres de clases bajas. En primer lugar, viendo sus contextos estructurales.

Pareciera imposible que haya una conciliación entre ambas militancias feministas (regulacionismo o abolicionismo). Sin embargo, las pibas que se van son siempre las mismas. Y en ese punto hay un acuerdo: las mujeres que son asesinadas como consecuencia de la narcoestructura y de la prostitución habitan en general los mismos barrios marginados, que son un páramo y una zona marrón, áreas donde el Estado no tiene capacidad de acción, y actúa desde la omisión. ¿Qué significa que las tres mujeres asesinadas hayan ejercido la prostitución? O bien, más grave aún, ¿qué significa que una adolescente de 15 años haya encontrado en la prostitución una forma de obtener dinero para vivir? ¿Estamos hablando de trata? No podemos afirmar nada, pero sin duda, Lara no tenía edad alguna para consentir. Su caso nos aporta también otro dato: hay hombres de diferentes edades que consumen la prostitución en todas sus formas, como trata, como abuso o como posible forma de trabajo. Y pareciera que no hay límites muy claros entre las tres formas existentes. Es por ello, que el artículo pretende evadir sin obviar el debate en cuestión, y, como se hizo hasta ahora, evaluar las diferentes aristas que atraviesan al triple femicidio, que son la clase social, el género, la edad, y la etnia.

Lo que sostiene el presente artículo es que las condiciones de pobreza, feminidad, juventud, racialización y pertenencia (de clase) económica-social, dificultan y se presentan como desventaja a la hora de aspirar a un trabajo formal. Estos son problemas estructurales que viven las mujeres, agravado por las tareas de cuidado y la necesidad económica creciente en contextos de crisis social.

¿Ahora qué? La política pública en el centro del debate

El Estado y el gobierno de turno evitan los problemas estructurales, porque el costo de obviar estos problemas es mucho menor que el costo de enfrentar verdaderos cambios del status quo. Esto es un hecho, pero no quita que al trabajar en políticas de género deben contemplarse su inevitble cruce con la variable de pobreza urbana. Debemos preguntarnos qué cambios son posibles. Son necesarios cambios de agenda para introducir políticas habitacionales con perspectiva de género, políticas que incentiven el pleno empleo para el segmento etario de 16 a 30 años, para que los más jóvenes no deban insertarse determinadamente en la informalidad laboral, o, aún peor, en los mercados ilegales o no regulados, como el de las drogas y la prostitución.

El Estado nacional desmantela políticas públicas de género, pero también desmantela políticas habitacionales, eliminando por ejemplo el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana). La suspensión del Plan Mi Pieza y del Plan Federal Sanitario Mi Baño significa la eliminación de programas que buscaban una mejora en la calidad de vida de personas que habitan las villas o asentamientos en el país. Específicamente, el Plan Mi Pieza, cuyo objetivo fue “mejorar, refaccionar o ampliar viviendas precarias”, tenía como requisito ser mujer mayor de 18 años, con nacionalidad argentina o residencia permanente, pensado específicamente para habitantes de barrios populares del ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares). Según una nota de La Nación, para el año 2022 175.000 mujeres recibieron la ayuda del Programa Mi Pieza, que eran vecinas de 4.000 barrios populares. Este es un ejemplo de cómo el gobierno nacional eliminó políticas que significan algo concreto en la vida de muchos habitantes de barrios populares, y que bajo la lupa académica, del Informe SISU-FISU presentado por el Centro de Cooperativas y Economía Social (Cencoes) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, “los programas mostraron resultados tangibles en vivienda, cohesión social, dinamización de la economía barrial y perspectiva de género”.

La cuestión social frente a la ausencia estatal

Pretender que teniendo políticas habitacionales con perspectiva de género y políticas de generación de empleo se hubiese evitado este triple femicidio es un contrafáctico. Pero no podemos ignorar que el femicidio y la tortura previa de tres mujeres jóvenes no significa nada en esta actualidad cada vez más cruda y dura para los sectores más bajos de la estructura social. Este caso es una advertencia de una realidad presente en las áreas marrones del país, concepto extraído de Soifer (2006) en Authority over Distance: Explaining Variation in State Infrastructural Power in Latin America. Estas áreas están definidas como “una región en la que el Estado no tiene presencia y es incapaz de ejercer su autoridad sobre la población y el territorio”. Este caso es un ejemplo de las amenazas circundantes a dichas áreas, que persisten y se refuerzan. La criminalidad se asienta cuando el Estado se retrae.

La intención de este artículo, nuevamente y a pesar del sesgo abolicionista de quien escribe, es sortear el debate regulacionista contrapuesto al abolicionista, porque a fin de cuentas somos las mujeres las que siempre acabamos pidiendo justicia por las víctimas de femicidios. Al igual que el patriarcado, la pobreza es un problema estructural y multifacético. Es por ello nuestro deber pensar políticas públicas educativas que contengan y sostengan el tejido social roto de nuestro país. También impera pensar políticas públicas que generen empleo, poniendo el foco en la empleabilidad y capacitación de mujeres jóvenes, travestis y trans. A su vez, hay que traer nuevamente al debate las políticas habitacionales, no solo mediante el PROCREAR, sino también innovando en políticas públicas que pongan en valor áreas abandonadas de la Ciudad, planificando viviendas sociales.

Si bien el debate por momentos parece desconectado del caso, es esencial abordarlo de esta manera para que no vuelva a ocurrir, para que no hayan más víctimas como Brenda, Morena y Lara.

Luego del hallazgo de los cuerpos, las villas de CABA cobraron un rol central en los medios de comunicación. Nuevamente, no importaron los problemas estructurales, importó la cámara y el morbo de una sociedad expectante. Helicóptero, ruido, operativos con armas largas en los pasillos. Eso vivimos en las villas de CABA, y probablemente existieron detenciones arbitrarias con la única pista de la nacionalidad de los posibles narcos. ¿Son esas las únicas respuestas que se pueden dar ante un escenario de tal magnitud?

Al final del día, e independientemente de las respuestas ofrecidas, a las mujeres no nos interesa el rating creciente a partir de la tortura de tres pibas pobres. En realidad, como a sus vecinos y a sus familiares, nos importa la búsqueda de justicia por tres mujeres descartadas de antemano por la sociedad, a quienes torturaron asentando una advertencia, ya no a los narcos, sino a toda la ciudadanía. Este triple femicidio es un síntoma de una sociedad cada vez más rota, y es nuestra responsabilidad encontrar respuestas y soluciones.