La política de la destrucción: claves del vaciamiento nacional en Género

Desde su asunción, el gobierno libertario fue desmantelando sistemáticamente los programas apuntados a mujeres y diversidades en situaciones de vulnerabilidad. Bajo el discurso de "gasto ideológico", la realidad de miles de personas está en juego. Este recorte no es generalizado ni aleatorio: apunta directamente contra las políticas que expresaban una agenda de ampliación de derechos, muchas de ellas impulsadas desde el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

¿Cómo combatir una problemática que no se menciona?

Lo que no se comunica, no existe. Esa parece ser una de las estrategias del gobierno frente a las violencias y desigualdades de género: negar que existan como problema público y, por lo tanto, desentenderse de cualquier intervención estatal. Ello de por sí representa una toma de posición del propio gobierno, la voluntad de no hacer frente a un problema que es tanto recurrente como evidente.

Esa decisión política se refleja con claridad en la estructura institucional del Gobierno Nacional. Ninguna secretaría, subsecretaría, dirección nacional, dirección simple ni coordinación incluye la palabra “Género” en su nombre. Las personas afectadas son nombradas como “víctimas de violencia y discriminación”, dentro de un esquema de “asistencia integral familiar”.

El cambio no es solo semántico: es conceptual. El gobierno deja de reconocer la violencia de género como una manifestación estructural de desigualdad para reducirla a casos de violencia familiar. El enfoque estatal se vuelve asistencialista, fragmentado y profundamente conservador.

Esta lógica fue confirmada por el propio Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, frente a la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados el 27 de agosto de 2024.

“Se acabó solo el género, nosotros vamos por otros valores, nuestro valor es la familia […] nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología […] esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano”

Al limitar la definición de violencia de género a su manifestación en el ámbito doméstico, el Gobierno nacional contradice compromisos internacionales y desestima años de trabajo legislativo, académico y militante que ampliaron esa noción.

Esta mirada reduccionista expone algo más profundo: el desconocimiento -o el desinterés- de los funcionarios nacionales por el marco normativo vigente. En lugar de cumplir con sus obligaciones legales, priorizan una lectura personal, conservadora y regresiva, que termina desprotegiendo a quienes más necesitan del Estado.

Desmantelamiento de los programas de género

Programa Acompañar

El Programa Acompañar es una de las políticas más significativas del Estado argentino en materia de género. Su objetivo consiste en brindar apoyo económico y psicosocial a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia, para que pudieran comenzar a construir una vida independiente lejos de sus agresores.

En agosto de 2024, el período de cobertura se redujo de seis a tres meses, y se incorporó como requisito excluyente la presentación de una denuncia policial. Ambas medidas golpean el corazón del programa: tres meses no bastan para alcanzar estabilidad económica, y exigir una denuncia puede exponer a las víctimas a nuevos riesgos, especialmente cuando el Estado está desmantelando las redes de contención y asistencia.

Según el Informe de Gestión 2020–2023, más de 352.000 personas accedieron al programa durante esos años. En los primeros tres meses de 2024, la población beneficiaria cayó un 50% y de las 20.000 altas previstas para ese trimestre, apenas se concretaron 434.

Detrás de las cifras hay miles de mujeres abandonadas por el Estado, por ser consideradas un gasto innecesario. El presupuesto ejecutado durante el primer semestre de 2024 cayó un 82%. En el presupuesto 2025, directamente, el programa ya no figura.

Línea 144

La Línea 144 fue, durante años, una herramienta central para atender, contener y asesorar a personas en situación de violencia por motivos de género.

El gobierno redujo al 45% el personal que sostenía el servicio. Entre las despedidas se encuentran todas las trabajadoras capacitadas para la atención de personas hipoacúsicas. Gracias a este recorte, durante los días hábiles, solo hay tres operadoras cubriendo la guardia entre 1a.m. y 7a.m.

Por primera vez en años, la Línea 144 quedó fuera del presupuesto nacional. Su continuidad depende de la voluntad política del gobierno de turno, que ya dio suficientes señales de desinterés en sostener políticas de prevención.

Nueve de cada diez personas que se comunican con la línea tienen al menos un hijo o hija a cargo, y seis de cada diez no realizan trabajo pago. Estamos hablando de mujeres sin independencia económica y con la responsabilidad de otras vidas sobre sus espaldas.

Este gobierno insiste en incumplir normativas tanto nacionales como internacionales sobre los derechos de las mujeres. Un ejemplo esencial es la Convención Belém do Pará, sancionada en 1994 y adoptada por la Argentina en 1996, en la que los Estados parte se comprometen a adoptar medidas -como la línea 144- para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

La convención no representa un invento del progresismo argentino de los últimos diez años, sino un hito de la historia de los derechos humanos.

Ley Micaela

La Ley Micaela (N°27.499), establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes de la nación.

Según el informe de gestión 2020-2023, en ese periodo recibieron la capacitación 234.710 personas del sector público nacional.

La Ley Micaela es una de las varias políticas que se consideraron “emblemáticas” y cuya continuidad fue asegurada por el gobierno nacional.

En la sesión informativa 140 ante la Cámara de diputados se aseguró también la continuidad del Programa Acercar Derechos, recientemente eliminado por el Ministerio de Justicia, y del Programa de Apoyo Urgente, que igualmente fue eliminado. Este es el caso también del Programa Acompañar, la Línea 144, el SICVG, el Presupuesto con perspectiva de género, y otras políticas vaciadas.

En la Sesión Informativa del Jefe de Gabinete, el Ministerio indicó que de enero a septiembre de 2024 no se habían realizado capacitaciones.

A esto nos referimos cuando hablamos de política de la destrucción. Tomar una política pública que es un emblema, que funciona, que da orgullo, y desaparecerla con total impunidad.

Al mismo tiempo, la estrategia de vaciamiento hasta dejar completamente inútiles las herramientas, pero no eliminarlas oficialmente para no asumir el costo político -ya que ellos mismos reconocen su efectividad- se repite hasta el cansancio.

Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de la Trata y Línea 145

El Programa Nacional de Rescate (PNR) es una de las pocas herramientas estatales dedicadas a asistir a víctimas de trata y explotación. Brinda atención psicológica, médica, social, asesoramiento jurídico, custodia y Casa-Refugio. Además, cuenta con la Línea 145, que recibe denuncias, activa una respuesta inmediata junto a las fuerzas de seguridad federales y judicializa los casos.

En 2023, el programa y su línea directa intervinieron en 1.552 casos, y desde su implementación ya rescataron a 5.075 personas. Sin embargo, en las últimas sesiones informativas ante el Congreso, el Poder Ejecutivo presentó datos desactualizados, sin informar cuántas metas se cumplieron ni qué resultados concretos se obtuvieron en lo que va de su gestión.

Nuevamente, pareciera que el problema no es el vaciamiento total de la política, sino tener que explicar por qué se está eliminando la misma. Y es que la vergüenza de desatender la problemática de la trata es tan injustificable, que es preferible hacerlo en silencio.

Programa MenstruAR

El Programa MenstruAR tenía como objetivo acompañar a los gobiernos locales en el diseño de políticas de gestión menstrual, garantizando el acceso a insumos y promoviendo la educación sexual comunitaria. A través de este programa se distribuyeron copas menstruales en todo el país, se capacitó a agentes territoriales y se produjo información clave para el diseño de nuevas estrategias sanitarias. Uno de sus mayores aportes fue el Informe de Sistematización de Resultados - Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual, un relevamiento fundamental sobre acceso a servicios de salud, barreras económicas, desinformación y otros factores que afectan el derecho a la salud de mujeres y personas menstruantes.

“Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, financiados por todos los argentinos, entre los que se encontraba el insólito MenstruAR”

Plan ENIA

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia fue una de las políticas públicas más eficaces de los últimos años. Creado en 2017, su objetivo era garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos, prevenir embarazos no deseados y evitar maternidades forzadas en la adolescencia.

El Censo 2022 confirmó su eficacia: la cantidad de adolescentes con hijos/as cayó un 50%. Fue una política basada en evidencia, con impacto real y medible en la vida de miles de jóvenes en todo el país.

Hoy el Plan ENIA está vacío: sin equipos técnicos, sin mesas intersectoriales, sin talleres, sin movilidad, sin operativos, sin estadísticas. Sin política pública.

La decisión no solamente es cruel, también es irracional. La desinversión en el Plan ENIA tendrá consecuencias profundas. Más adolescentes abandonarán la escuela. Más jóvenes quedarán fuera del mercado laboral. Más mujeres serán empujadas a la pobreza estructural.

Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino gasta anualmente 200 millones de dólares en atender las consecuencias de embarazos adolescentes, mientras que el financiamiento del ENIA era de 17,7 millones; menos del 10% ¿Cuál es la excusa, entonces?

El Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG)

El Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género es una aplicación web desarrollada por el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Su función es registrar de forma sistematizada la asistencia que brindan organismos especializados a personas en situación de violencia en todo el territorio nacional. Es, además, una herramienta clave para el seguimiento, articulación y evaluación de las políticas públicas desde una mirada federal.

En el momento en que el SICVG fue trasladado a la órbita del Ministerio de Justicia, su equipo técnico había sido desmantelado: de más de 20 profesionales que lo sostenían, quedaron sólo 2. El vaciamiento del sistema no es accidental ni aislado. En paralelo, también se desactivó el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), otra herramienta que obligaba al Estado a transparentar cómo invertía -o no- en políticas orientadas a mujeres y diversidades.

Lo que existe detrás de ello es una decisión política: no sólo desfinanciar, sino ocultar. Porque para recortar sin rendir cuentas, lo primero que hay que hacer es apagar los mecanismos de información. La opacidad, en este contexto, no es tanto una falla como una estrategia.

La destrucción es política. La respuesta, también

El retiro del Estado nacional de las políticas de género y diversidad se trata de una decisión política deliberada, sostenida en una ideología profundamente conservadora, que redefine el rol del Estado en función de una moral que no sólo desestima derechos conquistados, sino que niega la existencia misma de quienes los ejercen. La supuesta “racionalización del gasto” se presenta como justificación, pero en los hechos opera como una estrategia de invisibilización.

La retórica oficial insiste en la defensa de la “familia” como valor central, sin reconocer que esa familia está sostenida, muchas veces en soledad, por mujeres que enfrentan desigualdades estructurales. Que el Estado argentino abandone a sus ciudadanas es una omisión grave de sus compromisos democráticos.

La destrucción es política. La respuesta también debe serlo. Porque si el Estado decide irse, habrá que volver a construirlo desde abajo. Las mujeres seremos protagonistas de esa reconstrucción, como supimos serlo en el pasado. En la calle, en los barrios y en las organizaciones, generamos redes que muchas veces cumplen el rol del que se desprende el Estado. Y en esos rincones se están dando las verdaderas conversaciones “de mujeres”: en las que se está pensando qué vamos a hacer cuando pase el temblor.