"Frente a las enfermedades que produce la miseria, frente a la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causa de enfermedad, son unas pobres causas". -Ramón Carrillo
Las políticas públicas sanitarias del gobierno de Javier Milei no son la excepción a la tónica reinante en su gobierno, consistente en utilizar la destrucción como método basado en la legitimidad obtenida en el último proceso electoral: La ejecución de un presupuesto prorrogado, el ajuste, el desfinanciamiento, la recesión económica, la alta inflación proyectada, la confrontación y el relato anti-casta en un marco de dispersión opositora, juntos conforman un combo perfecto para llevar adelante una de las mayores transferencias de ingresos de las últimas décadas. La interrogante que persiste es la siguiente: ¿Quién gana, y quién pierde?
El gobierno, en una de sus primeras batallas parlamentarias y judiciales logró imponer el DNU 70/2023 “BASES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA”, que, junto a otros decretos de necesidad de urgencia y decretos reglamentarios, resultaron vitales para lograr imponer un modelo de intervención nula por parte del Estado Nacional. Pese al aluvión de amparos y planteos de inconstitucionalidad en los fueros Civiles, Comerciales y Contenciosos, las prepagas lograron, al igual que en la década de los 90', la tan ansiada desregulación de su sector, debiendo el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Servicios de Salud ceder en sus funciones esenciales de contralor.
Sobradas muestras en nuestro suelo, nos hacen pensar que el modelo neoliberal libertario, en materia de salud y seguridad social, tiende a proteger a los sectores concentrados en desmedro de la clase trabajadora (un total de 11 millones de beneficiarios). Una mera enunciación de los beneficios otorgados a dichas empresas de medicina prepaga nos podrá iluminar un camino -poco sinuoso- que nos identifique eventuales ganadores y perdedores de un sistema que nos aleja frenéticamente de una ansiada justicia social:
Las prepagas podrán rechazar a los monotributistas y pequeños contribuyentes como afiliados: RESOL-2024-3934-APN-SSS#MS.
Libre competencia, desregulación y posibilidad de realizar aumentos indiscriminados: Decreto 70/2023.
Solo los profesionales en cartilla quedan habilitados para la prescripción de medicamentos y tratamientos para que los pacientes puedan solicitar la cobertura, subsidio o reintegro de prácticas médicas y medicamentos: Resolución 3934/24.
La casta silenciosa: Parte I. Jubilados.
La historia y los “vox populi” nos indican que la derecha, ante la necesidad política de realizar un ajuste, pone su mira -bien calibrada- en los sectores menos organizados, poco resistentes, vulnerables y silenciosos. Los mismos actores, tal como sucedió en el 2001, decidieron que ellas fueran dirigidas a la Seguridad Social. No siendo suficiente la licuación de los ingresos, los jubilados y pensionados han sufrido las siguientes políticas sanitarias del gobierno de turno:
Eliminación del programa Calor Mayor, un servicio que tenía como fin brindarle asistencia a los jubilados para que puedan acceder a insumos que le permitan calefaccionarse en invierno.
Aumento en los medicamentos: Según el Observatorio de Costos de la Salud de la UAS, los medicamentos son 5 veces mas caros en Argentina que en España.
Cierres de sucursales de PAMI y ANSES.
Retiros voluntarios y renuncias de prestadores de PAMI.
Quita de muestras gratis por parte de los laboratorios.
La casta silenciosa: Parte II. Personas con discapacidad.
La Resolución 3934/24 -de frágil constitucionalidad- que habilita únicamente a prestadores de las cartillas a prescribir medicamentos y tratamientos para pacientes que solicitan la cobertura tienen un objetivo concreto: Las prestaciones por discapacidad. Este grupo es el receptor de los medicamentos y tratamientos más caros del mercado y, en su gran medida, accede a ellos a través de acciones judiciales como amparos y medidas cautelares en fueros federales y locales. Esta medida no sólo limitará el acceso a la atención médica en tiempo y forma, sino que eventualmente presionará a los prestadores propios a no recetar tratamientos y medicamentos de alto costo.
Es dable destacar que estas limitaciones chocan con la normativa nacional e internacional ratificada como el Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad Ley 24.901, Sistema de protección integral de los discapacitados Ley N° 22.431, Ley de Enfermedades Poco Frecuentes Ley 26.689 y Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, durante más de dos décadas, tener un trabajo formal impedía a una persona con discapacidad acceder a una pensión por invalidez. Tras años de reclamos de las organizaciones de personas con discapacidad, a fines del 2023 el ex ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, impulsó un decreto para hacer compatible el empleo registrado y la pensión por invalidez, la cual ha sido eliminada por el decreto 843 del gobierno regente.
Lo que se viene.
Durante las próximas semanas el Congreso de la Nación discutirá el presupuesto 2025. La “Ley madre” sentará las bases sobre las que la gestión libertaria afrontará el año próximo, donde tendrá, además, su primera elección como oficialismo. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo continúa con el ajuste estatal promovido por Javier Milei. En virtud de ello, resulta imprescindible analizarlo para identificar cuáles serán los sectores que sufrirán el mayor grado de ajuste, sin desmerecer la licuación sufrida en el corriente año.
La Seguridad Social recibirá un incremento del 95% nominal, perdiendo valor frente a la inflación, mientras que Salud, tendrá un leve y engañoso crecimiento en términos reales, que analizado en forma integral, resulta insuficiente.
En el contexto analizado, es deber inexcusable, individual y colectivo, la defensa del derecho a la vida y a la salud, entendiendo que no existe política sanitaria sin política social, y que de nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
Entendemos que esta es la premisa mediante la cual diputados, diputadas, senadores y senadoras deben debatir el presupuesto. El derecho a gozar de una salud integral para todos los habitantes del suelo argentino es, para nosotros, una bandera inclaudicable. La salud de los argentinos no puede ser un negocio para unos pocos. Transitamos tiempos donde la dinámica de mercado se impone como la única respuesta posible. Ante este presente desolador, reivindicar la política como herramienta de transformación y construcción de un presente distinto se vuelve indispensable. Hay otra Argentina posible, construir los acuerdos necesarios para alcanzarla debe ser prioritario.
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