La Justicia como herramienta de proscripción y el riesgo de una república sin equilibrio de poderes

El uso político del Poder Judicial como arma electoral no sólo erosiona la democracia, sino que dinamita las bases mismas de la república. La causa "Vialidad" contra Cristina Fernández de Kirchner representa un punto crítico de inflexión. En este artículo, analizamos desde una mirada sociológica las consecuencias institucionales de un Poder Judicial manipulado, y su uso posterior para desestabilizar gobiernos, incluso dentro del mismo espacio ideológico que lo promovió.

La condena a Cristina Fernández de Kirchner por supuestas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz en el marco de la llamada “causa Vialidad” ha sido objeto de profundas críticas no solo por parte del kirchnerismo, sino también por juristas, académicos y observadores internacionales. Las irregularidades procesales, los vínculos entre jueces, fiscales y actores políticos y mediáticos, y la secuencia temporal del fallo en plena ebullición electoral, permiten inferir que el verdadero objetivo no era impartir justicia, sino intervenir políticamente el juego democrático.

Lo que se intentó (y aún se intenta) no es simplemente debilitar a una dirigente política: es proscribirla, inhabilitarla de facto. El uso del aparato judicial con fines de disciplinamiento político recuerda los procesos de lawfare en Brasil, Ecuador o Bolivia, donde líderes populares fueron desplazados del juego político por la vía judicial.

La división de poderes como principio ordenador de la república se ve gravemente afectada cuando el Poder Judicial abandona su lugar de institución imparcial y se convierte en un operador político. Como advertía Max Weber, el Estado moderno se construye sobre una burocracia racional-legal que garantiza el cumplimiento neutral de las normas. Cuando ese principio se quiebra, y la justicia responde a intereses partidarios, el resultado es una forma de autoritarismo disfrazado de legalidad.

Para Durkheim, las instituciones sociales, entre ellas el sistema judicial, cumplen una función de cohesión: son los engranajes que permiten la integración y el orden en una sociedad. Cuando una de esas instituciones se desnaturaliza, su función se invierte. Ya no cohesiona, sino que fragmenta. Una justicia viciada no garantiza derechos, sino que los arrebata.

Paradójicamente, Mauricio Macri, principal impulsor del armado judicial contra CFK durante su gestión, parece hoy reutilizar ese mismo aparato para desestabilizar al actual gobierno de Javier Milei. Su objetivo pareciese ser vaciar políticamente al presidente y posicionarse como principal líder de la oposición, incluso a costa del desorden institucional que él mismo ayudó a generar.

Pero el efecto colateral del intento de encarcelar a Cristina acabó generando un resultado adverso. Más que debilitarlo o erradicarlo, unificó al peronismo. En medio del desconcierto político y la avanzada neoliberal libertaria, la figura de CFK recupera centralidad. Ya no desde la gestión, sino como símbolo de resistencia frente al atropello judicial. La proscripción, como tantas veces en la historia argentina, terminó reforzando lo que intentaba destruir.

Entonces, es válido preguntarse: ¿Qué pasa cuando el poder judicial deja de ser poder independiente? Desde una mirada estructural, Augusto Comte advertía que toda sociedad necesita un equilibrio entre orden y progreso. El orden no puede basarse en la imposición de una minoría con control de las instituciones clave. El progreso no puede surgir del ajuste de cuentas judicial. Y Karl Marx, por su parte, veía en el Estado una herramienta de reproducción de las clases dominantes: el aparato judicial, en manos de una élite, no es más que la expresión de los intereses de esa élite.

En Argentina, la falta de democratización del Poder Judicial, su falta de control ciudadano, y su permeabilidad al poder político y económico, lo han convertido en un actor activo del conflicto político, no en su árbitro. Y eso debilita, no fortalece, a la democracia.

El caso Cristina Kirchner debe ser analizado no solo desde la política, sino también desde la sociología de las instituciones. Cuando el Poder Judicial es manipulado para condicionar elecciones, eliminar candidatos y reordenar el mapa de poder, deja de cumplir su rol y se convierte en un arma. Y cuando esa arma es disparada por un sector, tarde o temprano termina volviéndose contra todos.

La república exige límites. Y la justicia debe ser el primero de ellos.